Probidad y Transparencia

 

En el desarrollo de la contratación pública, cabe destacar no sólo aquella normatividad existente, la cual ha permeado los diferentes problemas jurídicos que se han venido presentando desde los últimos tiempos en cuanto a contratación, sino de aquellos fenómenos que en la actualidad han tomado gran trascendencia en el derecho administrativo, como es el fenómeno de la probidad y transparencia en la contratación pública.

 

PROBIDAD

El vocablo "probidad" tiene su origen en la voz "probitas", que significa bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar.

El vocablo "probidad", en su primera acepción, significa "honradez", según el Diccionario de la Academia Española de la Lengua. A su vez, la palabra "honradez" se define como "rectitud del ánimo o integridad en el obrar".

Una de las acepciones de "rectitud" es "la cualidad de recto" o “cualidad de justo”, de lo cual se deduce que la rectitud de ánimo, implica la disposición de actuar en forma recta, sin dobleces y también en forma justa.

Por su parte, integridad significa "calidad de íntegro" que caracteriza a una persona recta, proba e intachable; noción que alude a la condición moral de una persona. Según la ley, el principio de probidad administrativa consiste en la conducta de los servidores públicos durante la vigencia de su cargo administrativo, en la que predomina un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

TRANSPARENCIA

El término transparente, lo define el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como: Dicho de un cuerpo: A través del cual pueden verse los objetos claramente. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, define Transparencia: Se constituye como el desarrollo del principio de imparcialidad. En tal efecto, en los pliegos de condiciones han de establecerse reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. Adicionalmente la transparencia garantiza otros principios, tales como los de imparcialidad, igualdad, la libre concurrencia o libertad de competencia moralidad y selección objetiva en la contratación, con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados, con el fin de elegir la mejor oferta”.

Podemos entonces afirmar, que la transparencia administrativa se refiere a visibilizar los procesos y resultados de la gestión administrativa, exhibiendo o publicitando la información pública en tiempo real, oportuna, verídica, completa y exacta, asegurando su calidad y confiabilidad, para que sea auscultada por otros servidores, así como por los ciudadanos de la capital.

Los dos términos unidos son un aspecto importante que destaca la condición humana, que debe tener el funcionario público, en cuanto a los principios de la contratación estatal que tiene que ver con la actuación y comportamiento de las personas que intervienen en dichos procesos, son los principios de la contratación estatal: transparencia, economía y responsabilidad, en ellos están inmersos comportamientos como la regulación de la conducta, las reglas de interpretación, los principios generales del Derecho y los particulares del Derecho Administrativo.

 

LOS DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PUBLICA

La Constitución Política de Colombia regula las actuaciones del servidor público en su desempeño como administrador público y determina la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. (Artículo 209 y Artículo 124 de la Constitución Política de Colombia).

El Código Penal Colombiano, tipifica los delitos contra la administración pública, así:

  • El peculado (artículo del 399 al 342)

  • La concusión (artículo 404)

  • El cohecho (artículos del 405 al 407)

  • La celebración indebida de contratos (artículos 408 al 410);

  • El tráfico de influencias (artículo 411)

  • El enriquecimiento ilícito (artículo 412)

  • El prevaricato (artículos 413 y 414)

  • El abuso de autoridad y otras infracciones públicas (artículos 425 al 428)

  • Los delitos contra los servidores públicos (artículos 425 y 430)

  • La utilización indebida de la información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública (artículos 431 al 434)

  • Otros delitos que pueden cometer los servidores públicos (artículos 174, 175, 176, 177, 190, 276, 392, 393, 449, 450).

La contratación ha sido ese elemento indispensable en la sociedad desde el momento en que las necesidades de los ciudadanos van creciendo en razón de los cambios sociales en los que nos vemos envueltos y que el Estado como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, está en la obligación de protegerlos y promover un interés general.

Es por ello que el IDRD está interesado en identificar e implementar estrategias y actividades, para fortalecer la trasparencia y lucha contra la corrupción, a través de la promoción de las buenas prácticas en los servidores públicos, la calidad en la gestión, la cultura ciudadana y de la legalidad.

Fortaleciendo los mecanismos para que los ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de ejercer control social y aquellos servidores públicos que no cumplan con los principios de nuestras normas reciban la debida sanción por el manejo impropio de los recursos de todos.

 

EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

La contratación pública, herramienta compleja, pero a su vez compuesta de principios orientadores que van de la mano con nuestra carta magna, la cual determina que la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales, se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Desde mediados del siglo se expidieron en Colombia diversas leyes que regulaban algunos contratos de la administración pública como el Estatuto Nacional de Compras – Decreto 351 de 1955, Estatuto de Empréstito o de Operaciones de Crédito – Decreto 1050 de 1955, Estatuto de los Contratos Interadministrativos – Decreto Legislativo 550 de 1960, Estatuto Sobre Obras Públicas – Ley 4 de 1964, modificada por la Ley 36 de 1966.

Sólo con la aparición del Decreto 150 de 1976, se establece una regulación unificada aplicable a los contratos que celebran la nación (ministerios y departamentos administrativos) y los establecimientos públicos, la cual contemplaba una amplia normatividad que regulaba los procedimientos como licitación pública, la licitación privada y la contratación directa.

La regulación de la contratación pública es esencial para la adecuada utilización de los recursos públicos. A través de la contratación pública se ejecuta una gran parte del presupuesto, más de la mitad del presupuesto anual de las entidades de nivel central se ejecuta a través de diferentes esquemas de contratación.

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, consagra los objetivos de una contratación transparente y eficiente, que luego fueron reglamentadas por la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que regula la contratación de las entidades estatales y otros aspectos como cláusulas exorbitantes como la terminación, modificación e interpretación unilaterales, procedimientos como la licitación pública y contratación directa, el registro de proponentes y la tipificación de contratos como el de obras públicas, consultorías, suministros, compraventas y servicios.

Con posterioridad a la expedición de la Ley 80 de 1993 se expidieron numerosos decretos y leyes que la complementan en diversos aspectos como la contratación directa, el registro de proponentes en las Cámaras de Comercio, el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE – Ley 589 de 2000), la contratación electrónica y el sistema electrónico para la contratación pública.

En razón de lo anterior, se puede mencionar que los aportes de la Ley 1150 de 2007 (modifica la Ley 80 de 1993) a la probidad se dan primeramente en razón de la modificación sustancial que se hace a la Ley 80. No se trata de expedir un nuevo estatuto para la contratación, sino de modificar el actual. Los dos ejes centrales que busca la reforma son la transparencia y la eficiencia en la contratación pública, es un mecanismo coherente que permita a la administración gestionar de manera óptima, eficiente y transparente los recursos públicos objeto de contratación.

La reforma visualiza la complementariedad entre la eficiencia y la transparencia a través de la simplificación de los procesos de contratación y de la generación de información pública clara, transparente y verificable. La simplificación de los procesos permite que la contratación se ejecute de manera eficiente, a la vez que la información es una herramienta de ataque contra la corrupción.

Las reglamentaciones que se han producido sobre el tema, entre las que se destaca el Decreto 2474 de 2008, por su importancia al establecer los mecanismos de selección de acuerdo con el objeto y la naturaleza del contrato estatal, afianza los mecanismos de publicidad de los actos contractuales, consagrar mecanismos de respeto al debido proceso en la imposición de sanciones y diseñar una serie de instrumentos que privilegian lo sustancial sobre lo formal.

Posteriormente nace, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción que busca la prevalencia de la transparencia y probidad en el actuar contractual del Estado, las normas contempladas en este estatuto están orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Esta normatividad afianza que la contratación pública está compuesta de principios orientadores que van de la mano con nuestra carta magna, la cual determina que la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales, se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, creando así un escudo anticorrupción en materia contractual, pues estos señalan requisitos orientadores necesarios para la existencia de transparencia y probidad en la contratación pública.

Por esta razón, el IDRD invita a la comunidad en general a comprometerse en las tareas positivas del Estado, documentándose sobre su actuar, sus obligaciones y responsabilidades, los procedimientos que debe cumplir, para que la gestión pública se desarrolle en forma pulcra y transparente y, de no ser así, quienes desdeñan el honor de servir a sus conciudadanos, reciban la debida sanción por el manejo impropio de los recursos de todos.    

 

Información Adicional Agendas por la transparencia para Bogotá 2016-2019 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Sede: Calle 63 No. 59A - 06
PBX: 660 5400 Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 AM A 4:30 PM
Fallo en la consulta